La presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) suele dar mucho que hablar. Qué partidas aumentan, cuáles se recortan, qué opinan los afectados, la oposición, el Gobierno… Como no podía ser de otra manera en año electoral -y a pesar de la inusual fecha elegida, a principios de agosto- el Proyecto de Presupuestos para 2016 ha generado no pocas conversaciones y artículos.
¿Cuánto?
En lo que afecta a la cultura el reparto del dinero ha sido ligeramente más generoso que el que se estableció para el año actual: 803.669.880 de euros para el 2016 frente a los 749.157.510 de euros de 2015 (cifras que incluyen la amortización de la deuda y otros gastos financieros similares destinados, por ejemplo, a compensar la depreciación de los elementos patrimoniales y que, como tales, no son dinero que se pueda “gastar”).
Así pues, el presupuesto de Cultura para 2016 muestra un aumento real de un 7,3%, de la misma manera que también han crecido (y en mayor medida) otras partidas de alto impacto social, como Educación o Sanidad. Hasta ahí nada fuera del guión electoral.
Sin embargo, a la hora de recibir información sobre los presupuestos culturales cuesta mantenerse al margen de las meras especulaciones que parecen intoxicar muchos análisis de las políticas culturales en España.
La cultura posee un potente poder alegórico, razón por la cual es recurrentemente utilizada como una motivadora herramienta para la creación de opinión. Por eso, las corrientes preelectorales imperantes en los medios de comunicación y la falta de rigor con la que en demasiados casos se informa, enturbian aún más a un sector de la cultura notablemente débil y, en demasiados casos, expuesto a la perniciosa deriva de la instrumentalización.
Es un hecho que, entre unos medios de comunicación y otros, ni siquiera hay coincidencia en la proporción en la que la cuantía a cultura ha subido en los presupuestos. Así pues, la prensa ha reflejado porcentajes de aumento tan dispares como un 7,2% o un 12,32%, cifra esta última que en realidad se limita a la asignación que ha recibido la Secretaría de Estado de Cultura que, aunque pudiera parecerlo, no es ni mucho menos la cantidad total que la Administración General del Estado destina a la actividad cultural.
Es cierto que la forma en la que se establece el reparto del dinero para la cultura puede originar muchas confusiones, además de diversas lecturas e interpretaciones. Pero no es menos cierto que, por eso, es imprescindible analizar más pausadamente los datos.
Ante la falta generalizada de detalles y claridad informativa, lo más recomendable es consultar las fuentes directas: el Proyecto de Presupuestos para 2016. Sin embargo, los PGE son documentos ciertamente complejos y difíciles de comprender incluso tras una dedicada lectura del documento Introducción a la lectura de los presupuestos generales del Estado.
Por eso iniciativas como ¿Dónde van mis impuestos? resultan muy de agradecer, ya que aportan transparencia y usabilidad a unos datos que, tal cual se presentan por parte del Gobierno, resultan ciertamente crípticos y por tanto poco útiles para el ciudadano de a pie. Es a partir de los datos donde se hacen muy necesarias las lecturas de análisis específicas para la cultura.
¿Dónde?
Para poder conocer cuánto dinero asigna el Estado a la cultura en realidad es necesario rastrear, con espíritu investigador y buenas dosis de paciencia, las diversas partidas y secciones de los PGE pues, y puede que esto sorprenda a más de uno, no todo el dinero está en “Cultura”.
El proceso conlleva recorrer y extraer datos colocados en muy diversas áreas de la Administración General del Estado (AGE). Si uno se limita a analizarlos desde una perspectiva ministerial, pueden encontrarse partidas presupuestarias asignadas a la cultura gestionadas por cinco ministerios distintos: Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Por esta razón, cuando se habla de lo que el Estado asigna a la cultura en España no hay que limitarse a mirar en un solo ministerio, en este caso, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Por otra parte, este hecho pone en evidencia que la Secretaría de Estado de Cultura en realidad es una unidad administrativa más -quizás la más importante- de las varias encargadas de la gestión de la cultura en la AGE. Un asunto de importante dimensión estratégica y política que este artículo retomará en su segunda parte.
Pero la búsqueda del dinero que el Estado da a la cultura no ha de limitarse a la AGE, a pesar de su ya de por sí extensa complejidad. En realidad, el grueso de la asignación económica que el Estado otorga a la cultura se transfiere a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales, que gestionan de manera directa este presupuesto.
Por tanto, son las Comunidades Autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos -y no la administración central- quienes con sus políticas culturales ejercen verdaderamente un mayor impacto en la cultura, por volumen presupuestario además de por su privilegiada cercanía a los diversos agentes culturales.
Aquellos interesados pueden consultar más detalles en el último Anuario de Estadísticas Culturales 2014, cuyos reveladores gráficos sobre el gasto consolidado en cultura (cifras de 2012) se reproducen a continuación.
Pero hay que admitir que si el mapa de competencias de la cultura ya es complicado en la AGE, la labor de ampliar esta modesta brújula del dinero para cultura a las CCAA, diputaciones y ayuntamientos adquiriría cotas de complejidad extremas para los objetivos de un artículo, por muy extenso que este pudiera ser.
Por eso, hecha esta aclaración, el concepto de dinero estatal para cultura se ha de limitar en este análisis al que de forma directa gestiona la propia AGE. ¿Qué dinero es este?
¿Qué?
Cuando se habla de dinero estatal para la cultura, y una vez superado el confuso baile de cifras descrito en la primera parte de este artículo, cabe preguntarse: ¿de qué se está hablando en concreto? ¿En qué, exactamente, tiene previsto gastarse el dinero el Estado en materia de cultura?
Quienes no estén familiarizados con la estructura del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2016 (PGE) deben conocer que se presenta dividido en distintas series, diferenciadas por colores: Roja, Verde, Amarilla y Gris. De entre todas ellas, la Serie Roja es la que ha servido de guía para este artículo, ya que en ella los créditos se muestran agrupados “según los programas de gasto que configuran las distintas políticas presupuestarias” y no por otros criterios más técnicos o de estructura de la propia Administración General del Estado (AGE).
Así, en otras series como es el caso de la Verde, las partidas se ordenan por centro o unidad administrativa. Pero, como ya se avanzaba en el artículo anterior, pueden encontrarse partidas presupuestarias asignadas a la cultura gestionadas por cinco Ministerios distintos, que en realidad son más, gracias a la información aportada por algunos de los lectores del pasado artículo. De modo que para rastrear cada política de gasto y así poder saber qué políticas tienen por objeto la cultura y cuáles no, parece más razonable ceñirse a la Serie Roja.
La Política 33 Cultura: cultura en estado (casi) puro
La Serie Roja de los PGE incluye un apartado denominado Gastos. Presupuesto por programas, uno de los varios en los que se adentra este artículo y que contiene los distintos tomos donde se despliegan las distintas políticas de gasto. De todos esos tomos, el Tomo VIII (Sección 18) presenta los presupuestos asignados al Mº de Educación, Cultura y Deporte que están estructurados en diferentes Políticas de gasto, cada una de las cuales se identifica con un código identificativo: 14, Política Exterior; 32, Educación; 33, Cultura, y 46, Investigación, Desarrollo e Innovación.
De estas cuatro políticas, sólo dos (la 14 y la 33) están directamente relacionadas con cultura. La más relevante, la Política de gasto 33 Cultura (que es la que erróneamente algunos medios han considerado la asignación del Estado prevista en materia de cultura) aparece a su vez dividida en distintos Grupos de Programas: 332, Bibliotecas y archivos; 333, Museos y artes plásticas; 334, Promoción cultural; 335, Artes escénicas; 336, Deportes y educación física, y 337, Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
A su vez, los Grupos de Programas de la Política 33 Cultura se componen de distintos programas que, en conjunto con lo mostrado hasta ahora, presentan el siguiente panorama:
De esta estructura, lo primero que llama la atención es que el Grupo de Programas 336 Deportes y educación física figure dentro de la Política 33 Cultura cuando, sin embargo, no guarda relación alguna respecto a sus contenidos.
Esto sucede mientras que otros programas que sí son culturales están incluidos en diferentes políticas -distintas a 33 Cultura– que incluso se gestionan fuera del Ministerio titular de la cultura (Educación, Cultura y Deporte), a quien a priori cabría presuponer las competencias en esta materia.
Por eso, los 170.318.860 euros asignados al Programa 336 Fomento y apoyo de las actividades deportivas deberían ser descontados de los 803.669.880 euros que, en principio, se han presupuestado para la Cultura.
La cifra total se vería así reducida a 633.351.020€ que en realidad supone un gasto aún menor pues, como ya se especificaba en el artículo anterior, también incluye la amortización de la deuda y otros gastos financieros similares que, en realidad, es dinero que no se puede “gastar”.
Así pues, una de las primeras conclusiones que hasta ahora se pueden extraer es que, para poder rastrear en qué tiene previsto gastarse el dinero el Estado en materia de cultura es necesario descender al nivel de los Programas de gasto y analizarlos uno por uno, porque como se ha demostrado, no todas las políticas contienen lo que en principio podría parecer.
De hecho, si sólo se atiende a su denominación y no se conoce el reparto interno de tareas dentro del Ministerio, resulta confuso diferenciar, por ejemplo, las acciones concretas que distinguen a los tres programas que conforman el Grupo 334 Promoción cultural (334A Promoción y cooperación cultural, 334B Promoción del libro y publicaciones culturales, 334C Fomento de las industrias culturales).
En relación con las denominaciones de los Programas, tras analizar la Política 33 Cultura surge otra cuestión reveladora de que la estructura y nomenclatura de los Programas parecen evidenciar una seria reducción del concepto de cultura a sus meros formatos de mediación y distribución.
Pese a que este asunto tiene mucho aspecto de ser fruto de inercias organizativas internas de una Administración tendente a replicar de forma acrítica sus formas de gestión, no obstante, posee un marcado carácter político al que sorprendentemente no se le suele prestar suficiente atención.
Sin embargo, este hecho desvela -puede que sin intención ni conciencia de ello- la existencia de políticas culturales más o menos latentes que articulan la actividad cultural del Gobierno.
Esta circunstancia distingue por una parte lo que el Gobierno considera importante de lo accesorio, y además, entrevela tras denominaciones poco exactas a otros tipos de actividades culturales distintas a las destacadas. Sirvan de ejemplo las Artes Visuales para explicarlo.
Las Artes Visuales, poco visibles
Como se puede apreciar, de los trece Programas que integran la Política 33 Cultura, las Artes Visuales no gozan de ningún Programa específico como tal. Hay que indicar que el Programa 333A Museos en realidad constituye una parte muy concreta de un todo posible pues, en lo que pueda afectar a las Artes Visuales, los museos son tan solo un tipo de organización de las muchas posibles. De hecho, la historia ha probado que las Artes Visuales en realidad no necesitan de las instituciones museísticas para existir.
Por tanto, parece claro que Artes Visuales y Museos son conceptos que coinciden solo en parte. ¿Dónde se encuentran entonces las Artes Visuales en los PGE cuando no coinciden con la actividad de los Museos?
Si se lee la descripción del programa que acompaña al Programa 333B Exposiciones (la Serie Roja contiene una Memoria de objetivos de cada uno de los Programas del sector de muy interesante lectura), se podrá saber que en realidad se trata de un Programa íntegramente dedicado al fomento de las Artes Visuales que, eso sí, destaca el formato expositivo y en particular las obras fotográficas, pero que también incluye otras modalidades de apoyo y fomento de este tipo de práctica artística.
De esta manera, gracias a la lectura de la descripción del programa se puede saber que el Programa 333B Exposiciones, íntegramente gestionado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas a través de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, lejos de limitarse a gestionar exposiciones, tiene presupuestada la organización de otras actividades muy diversas en cuanto a tema y peso estratégico:
– Talleres de alfabetización digital para públicos de capacidades diferentes;
– Convocatoria de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda;
– Línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a la creación artística, al desarrollo económico del sector de las Artes Visuales y a su internacionalización;
– Consolidación del proyecto de Tabacalera – Consolidación del proyecto Oficina Virtual del Artista – Actuaciones de difusión y organización de jornadas y congresos para el fomento y reconocimiento del coleccionismo
– Actualización y mantenimiento de la página web de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, así como de los entornos web: Promoción del Arte, Directorio de fondos y colecciones de fotografía en España, La voz de la imagen y Archivo visual de exposiciones.
Sirva este exhaustivo ejemplo para llegar a otra conclusión: es recomendable no limitarse a interpretar los Programas de gasto solo a partir de sus denominaciones y entrar en su letra pequeña, expresada en los documentos de descripción, para no incurrir en interpretaciones erróneas. Lo contrario ha ocasionado bastantes confusiones y conclusiones poco fundamentadas.
La descrita tendencia a sustituir en las denominaciones de los Programas, el campo de actividad cultural por alguno de sus formatos o mediadores (como pudiera ser un museo), lejos de ser un caso aislado que afecta a un único sector se repite en otras muchas ocasiones.
Otro ejemplo lo protagoniza la Literatura, que en los presupuestos aparece sustituida por la palabra “publicaciones”, que no es lo mismo aunque a base de repetirlo ya lo empiece a parecer. Por eso cabría preguntarse, ¿promueve el Estado la Literatura, o las editoriales?
De manera similar, y en absoluta sintonía con las líneas de fomento europeas, los PGE enfatizan las Industrias Culturales a diferencia de otras actividades no industriales que, sin duda, también forman parte importante de la creación cultural de España. Tal es el caso de las ya mencionadas Artes Visuales.
Pero parece que la inercia de las políticas europeas impulsoras de las industrias culturales (la cuales llevan aparejados importantes dividendos en concepto de propiedad intelectual) es algo que España está asumiendo independientemente del color político de sus gobiernos. Sin embargo, se trata de un hecho de importante trasfondo ideológico y estratégico para la cultura.
La cultura exterior, externalizada “de Cultura”
Sin duda, las políticas de la Unión Europea están influyendo -e incluso marcando- la agenda de la cultura en España. Por eso tiene mucho interés estratégico explorar la perspectiva contraria: ¿cuál es el impacto de la cultura española en el exterior?
Aunque de manera irregular y poco sistemática, el objetivo de promocionar la cultura española en el exterior ya está recogido en algunos de los Programas que integran la Política 33 Cultura ya reseñada. No obstante, es otra la que en realidad lleva la mayor parte del peso específico de la materia.
Como se ha explicado anteriormente, la Política 33 Cultura no es la única del Tomo VIII (Sección 18) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que afecta a una actividad cultural por parte del Estado. También la Política 14 Política Exterior desempeña un papel fundamental en la previsión de inversiones en Cultura. Esta aparece en los PGE estructurada de la siguiente manera:
Sobre la Política 14 Política Exterior es necesario aclarar que no sólo figura en el Tomo VIII (Sección 18) Mº de Educación, Cultura y Deporte; sino también en el Tomo II (Sección 12) Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por tanto, se trata de una Política cuya gestión se reparte entre dos ministerios que, expresados coloquialmente son, Cultura y Exteriores.
Siendo exactos, es el Programa 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exteriorel que está gestionado por ambos, con exactamente la misma denominación, aunque cada uno presenta presupuestos separados y unidades de gestión muy claramente delimitadas.
En lo que afecta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la cantidad gestionada para este Programa 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior es de 8.536.770euros. Como ya se verá, se trata de una cifra muy inferior a la que para el mismo Programa gestiona Exteriores. En el caso que nos ocupa, el de Cultura, se reparte entre siete áreas de gestión:
– Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte
– Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades
– Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas
– Dirección General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro
– Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
– Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
– Consejo Superior de Deportes (CSD) (el Deporte no cuenta con una política propia en los presupuestos y todas sus actuaciones se integran dentro de políticas y grupos de programas destinados a la cultura)
De nuevo, habría que eliminar la asignación al Consejo Superior de Deportes (CSD) del presupuesto general de este Programa. Por eso, a los 8.536.770 euros gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte habría que restar los 51.240 euros del CSD; que darían una cifra final de 8.485.530 euros.
A este hecho se suma que la lectura del documento Descripción y fines explicativo de este Programa desvela una mezcolanza de objetivos que en realidad ya están (y en algunos casos deberían estar) incluidos en otros programas específicos.
Por ejemplo, parece obvio que los principales museos nacionales hayan de tener entre sus muchas funciones la promoción y difusión de la cultura en el exterior. ¿Por qué este concepto no está integrado dentro del Programa 333A Museos? O, más bien, ¿por qué en las denominaciones de los Programas se mezclan indistintamente formatos, estructuras de gestión y tipologías de acciones culturales? Este hecho provoca un confuso solapamiento de objetivos entre los distintos Programas y unidades de gestión de la AGE que sería necesario solventar.
Por su parte, el presupuesto que Exteriores gestiona para el Programa 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior, es de 119.471.320 euros. Se trata de una cantidad muy superior a la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que, en el caso de Exteriores, se destina prácticamente en su totalidad al Instituto Cervantes (115.365.560 euros) mientras que deja para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo la modesta cantidad de 2.861.110 euros que, sin embargo, afecta a multitud de organizaciones culturales, tal como se puede consultar en el “Capítulo 4 Trasferencias corrientes” de este Programa, esto sí, ya en la Serie Verde.
Como se puede apreciar, lo que gestiona el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es una cantidad muy reducida (además de muy repartida) a comparación de lo que le corresponde a Exteriores. Por tanto, parece razonable llegar a la conclusión de que el gran peso presupuestario de la Cultura española en el exterior lo tiene el Ministerio de Exteriores y de Cooperación.
A partir de esta conclusión cabría preguntarse por el sentido y la calidad de la coordinación entre Programas. Por ejemplo, los de promoción internacional del arte asignados al Programa 333B Exposiciones (Mº Educación, Cultura y Deporte), con los asumidos por el Ministerio de Exteriores.
Pero la disputa entre los Ministerios de Cultura y Exteriores por las competencias de la cultura española en el exterior es muy antigua y no sólo une en el conflicto a administraciones de distinto color político de antes y de ahora, sino que además revela el desmembramiento y la falta de peso de la cultura en las políticas de los últimos gobiernos de la nación.
No obstante, una tercera parte de este artículo continuará indagando en los entresijos de esta fragmentación presupuestaria de la cultura que, como no podría ser de otra manera, ocasiona preocupantes solapamientos de funciones entre distintos agentes gestores de la AGE, además de una considerable disminución de impacto potencial como área.
Pese a que la cultura tiene una naturaleza diversa y cambiante, no por ello su gestión pública ha de caracterizarse por la yuxtaposición inconexa de iniciativas sin una misión común trabajada -¿por qué no?- desde la diversidad y la flexibilidad.
Sin embargo, la notoria dispersión de los programas culturales recogidos en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 no parece venir acompañada de una coherencia común que los articule, lo que lleva a la conclusión de que a la cultura española le falta peso estratégico en las políticas del Estado, además del apoyo de lo que los políticos llaman “programa”.
Tal como se ha descrito en el artículo anterior (ver parte 2) el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no es el único encargado de planificar y gestionar la cultura estatal.
Si de los programas específicamente culturales asignados a este Ministerio se elimina aquello que tiene que ver con deporte y con fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales (en este último caso, 1.300.000 euros de los 9.832.960 euros totales del Programa: 334A Promoción y cooperación cultural), se obtiene como resultado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene asignados 499.782.830 euros, mientras que, al menos 253.928.600 euros están gestionados y repartidos de forma paralela entre otros seis ministerios distintos.
En lo que afecta a programas exclusivamente culturales, el reparto de dinero para otros ministerios distintos al de Educación, Cultura y Deporte, es el siguiente:
Mientras que la actividad cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación suele ser siempre tenida en cuenta cuando se informa sobre los presupuestos estatales para la cultura, no lo es tanto la gestionada por el Ministerio de la Presidencia, que dedica ni más ni menos que 126.203.580 euros (el total del presupuesto del Programa 337A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional).
Esta cifra se dedica íntegramente a las actuaciones del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional que, por qué no, bien podría estar integrado dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sin embargo, parece que constituye otro ejemplo más de inercia administrativa o de conflicto de competencias y poder entre distintas unidades de gestión. ¿A quién beneficia esta separación? No parece que sea a la cultura.
Si se tratara de comprender la idea que articula la manifiesta disgregación de competencias en materia de Cultura, podría parecer que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ocupa de la cultura actual; el de Exteriores, de la cultura exterior; y el de Presidencia, de la cultura patrimonial del pasado. Sin embargo, otro ministerio -el de Fomento- también comparte competencias en la conservación del Patrimonio Histórico Español.
A través del Programa 261O Ordenación y fomento de la edificación, el Ministerio de Fomento se ocupa, entre otros asuntos, de las Actuaciones relacionadas con el 1% cultural (sic), que en realidad es un 1,5% Cultural desde octubre de 2013.
El Artículo 68 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español determina que los contratos de obras públicas han de destinar una partida de al menos el 1,5% a “trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno”.
Sin embargo, y a juzgar por las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, se está dejando al margen el fomento de la creatividad artística, mientras que las actuaciones directas sobre el Patrimonio Histórico parecen constituir las únicas beneficiarias de esta partida de 32.450 euros.
La Comisión Mixta (Ministerio de Fomento – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) es el órgano encargado de acordar la financiación de actuaciones en el Patrimonio Histórico Español con cargo al 1,5% Cultural. Adicionalmente, este órgano establece programas de actuación, prioridades en los mismos y criterios para aprobación de intervenciones propuestas conforme a las disponibilidades presupuestarias.
Es importante destacar que en esta comisión no hay presencia orgánica del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (dependiente del Ministerio de Presidencia) pese a ser –como se ha podido ver- el órgano con más peso de la Administración General del Estado en materia de Patrimonio Histórico, que no en vano gestionará 126.203.580 euros el próximo año 2016.
A pesar de todo lo anterior, la dispersión administrativa de los programas culturales no termina ahí. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del Programa 337B Conservación y Restauración de Bienes Culturales, recibe un presupuesto de 8.047.250 euros que transferirá en su totalidad a tres consorcios: Ciudad de Santiago de Compostela, Ciudad de Toledo y Ciudad de Cuenca; que serán los encargados de gestionar dicha asignación.
Según se explica en la descripción del programa que se incluye en la Memoria de objetivos de los programas del sector, este programa subvenciona a los consorcios de estas ciudades para “promover actividades de conservación del patrimonio histórico-artístico de dichas ciudades, reconocido en el ámbito internacional como Patrimonio de la Humanidad o en vías de reconocimiento”.
Por si fuera poco, el Ministerio de Defensa también se une a la lista de ministerios que gestionan infraestructuras y programas culturales. No obstante, en este caso ha resultado imposible saber qué programas y qué cantidades se asignan a estos fines. Pese a que este ministerio cuenta con un portal web en el que detalla sus competencias en materia de cultura (Cultura de Defensa) que afectan a importantes museos, archivos y colecciones que gestiona de forma directa, no hay información sobre presupuestos y/o ejecución de sus gastos asociados.
No obstante, alguna pista se ha encontrado. En la Serie Verde de los PGE se puede comprobar que en lo presupuestado para el exterior se contemplan gastos en concepto de membresía a diversas organizaciones internacionales de profesionales de la cultura, como el International Council of Museums (ICOM), la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) o el International Council of Archives (ICA). En cualquier caso, parece claro que el Ministerio de Defensa debería mejorar su transparencia en lo que toca a la gestión del riquísimo patrimonio cultural que custodia y difunde.
Finalmente, y aunque pueda parecer sorprendente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se une a esta larga lista de ministerios con competencias en materia de cultura. A través del Programa 232.A Promoción y servicios a la juventud este ministerio gestiona 174.000 euros que se destinan en su totalidad a los Premios del Instituto de la Juventud, que son o incluyen las Ayudas Injuve para la creación joven.
Ni que decir tiene que esta medida de fomento de la creación bien podría estar integrada en alguno de los actuales programas gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
A estos datos habría que añadir, si cabe, la actividad del Ministerio del Interior, que entre otras funciones tiene encomendadas las de la protección del Patrimonio Histórico Artístico en materia de seguridad y prevención de delitos.
Interior se ocupa, entre otras funciones, de la creación de registros informáticos de establecimientos dedicados a la compraventa de obras de arte y de casas de empeño, ficheros y digitalización de piezas, además de reforzar la labor de la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía y la del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, en especial desarrollando el Plan para la defensa del Patrimonio Histórico Español y fortaleciendo la colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.
El gasto para estas actividades se incluye en el Programa 132A Seguridad Ciudadana, pese a que no se especifica qué cantidad exacta se asigna a estos conceptos.
Además de estos ocho ministerios, el rastreo de proyectos culturales diseminados a lo largo y ancho de los PGE se podría extender hacia otro tipo de entidades y formatos económicos que no figuran recogidos en la contabilidad del cuadro resumen. Así pues, existen presupuestos culturales, por ejemplo, en los Fondos de Compensación Interterritorial, como los 5.250.000 euros que irán a parar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la “valorización de recursos culturales de interés turístico”.
Asimismo, tampoco están incluidos los gastos de las Academias (Real Academia Española, Real Academia de la Historia o Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), pese a que éstas desempeñan una actividad eminentemente cultural. Su presupuesto se integra en el Programa 463A Investigación Científica.
Otro ejemplo sería el de la empresa Sociedad Estatal Museo Nacional del Prado Difusión o el de la Sociedad Estatal de Acción Cultural -una empresa pública dedicada a “impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras”- que presenta objetivos coincidentes con otros gestionados desde los ministerios de Exteriores o de Educación, Cultura y Deporte.
En este último caso, y por tratarse de una Sociedad Anónima, su presupuesto en la Serie Roja se encuentra en el apartado denominado Presupuestos de Explotación y capital, en la sección de Entidades no financieras que se encuentra contenida dentro del grupo Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos.
Una estrategia para la cultura
La cultura es un ámbito que en cualquier sociedad avanzada habría de ser considerado estratégico. Algo que la estructura de la Administración General del Estado y los PGE deberían dejar meridianamente claro.
Según explica el documento Introducción a la lectura de los presupuestos generales del Estado estos constituyen “uno de los instrumentos más importantes de la política económica del Gobierno, en los que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas públicas y los recursos asignados para su cumplimiento”.
Sin embargo, el proyecto de PGE para 2016 pone de manifiesto una concepción de la cultura estatal extremadamente desmembrada, con una escasa visión de conjunto y, consecuentemente, carente de una estrategia sólida y estable desde la que apoyar y consolidar la cultura en España. Además, no hay que olvidar que también las comunidades autónomas y las entidades locales gestionan cultura y, de hecho, lo hacen con mucho más presupuesto que el Estado (ver parte 1).
Más allá de la idea de que los recortes en cultura han sido fruto de la crisis económica y de que el tímido repunte económico es lo que permite aumentar la partida cultural, cuesta saber cuáles son las razones concretas por las que se asignan cantidades de dinero específicas a cada uno de los distintos programas. Es más, cuesta saber por qué se definen dichos programas culturales y no otros posibles. Y más aún: cuesta conocer -en caso de que exista- cuál es la política cultural del Gobierno, de la que los PGE habrían de ser reflejo y consecuencia.
La palabra presupuesto proviene de presuponer (dar por sentado o cierto algo), pero es precisamente eso lo que resulta tan difícil de averiguar: qué es lo que se está dando por supuesto.
Muy al contrario, escasean los argumentos, la explicación sobre las razones concretas que sustentan las decisiones tomadas en materia de presupuestos para la cultura, frente a las cifras económicas que, sin embargo, atestan los titulares. Por no estar claro, ni siquiera se tiene constancia fehaciente de qué unidad, departamento o persona los decide.
Preguntar por los criterios para la elaboración de los presupuestos estatales en materia de cultura produce una sensación similar a la descrita en la paradoja de Zenón, La dicotomía. Este antiguo relato explica cómo el tiempo en recorrer una distancia puede ser dividido en infinitas sucesiones de tiempo finito, razón precisamente por la cual la distancia nunca podría ser recorrida en su totalidad.
Sin embargo, lo paradójico es que a pesar de la potencial yuxtaposición infinita de periodos de tiempo finitos, cuando se lanza una flecha, esta finalmente llega a su objetivo, recorriendo la distancia en su totalidad.
De manera similar, nadie ni nada en concreto parecen estar detrás de los presupuestos estatales para la cultura, pero la realidad es que se toman decisiones como, por ejemplo, que para el próximo año 2016 la cantidad asignada será mayor en un 7,44%. ¿Por qué?
Quienes se animen a formular esta pregunta a los técnicos del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte podrán comprobar que la respuesta habitual es señalar a Hacienda (en genérico) como último decisor.
En tal caso, cabría preguntarse si los técnicos de Hacienda están asesorados en esta labor por otros de Cultura. En caso de que así fuera, ¿siguen sus recomendaciones? ¿Obedecen estas instrucciones al Plan Estratégico General de Cultura 2012-2015 elaborado por la Secretaría de Estado de Cultura? Sería deseable que así fuera –sea cual sea el la estrategia concreta definida en el Plan-, pero no parece haber constancia fehaciente de que exista tal coherencia y coordinación entre los distintos instrumentos de gestión de la Administración General del Estado (AGE).
El Plan Estratégico que concluye este año ha sido “un intento de sistematizar las actividades de la Secretaría de Estado de Cultura, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el logro de sus objetivos durante el periodo 2012-2015”. Sobre sus resultados, poco se puede decir hasta la fecha.
Sus correspondientes Planes Operativos 2012-2015 se hallan disponibles, no en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sino en el Portal de Transparencia y sólo gracias a la iniciativa y la persistencia ciudadana y tras haber tenido que presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Plan Operativo Anual (POA) 2015, es el cuarto y último que se elabora en desarrollo del Plan Estratégico. Por cada POA se ha de emitir un Informe Anual de Seguimiento y Evaluación. De momento, no hay ninguno publicado ni en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ni en la del Portal de la Transparencia.
Llegados a este punto, son muchas las preguntas. ¿Para qué sirve un plan estratégico si la política económica con la que se dota no guarda una relación directa? ¿Para qué sirve un plan estratégico sin una rendición de cuentas en tiempo y forma que presente de manera clara cuáles son sus resultados? ¿Para qué sirve discutir sobre cifras si en realidad no se puede conocer por qué se asigna el dinero, para qué y con qué condiciones?
Sin duda, la cultura en España necesita definir políticas culturales estructurales y que estas se compartan con sus distintos grupos de interés.
Una de las principales debilidades de la cultura en España -agudizada durante los recientes años de crisis económica- ha sido su notoria falta de liderazgo en la escena social. La cultura, en términos sectoriales, no ha sido capaz de penetrar suficientemente en las vidas de los ciudadanos; haciendo que estos conozcan, valoren y vivan como suya su actividad, su situación, así como sus necesidades y/o reivindicaciones.
La cultura no ha sabido ser reconocida como un ámbito trascendente, esencial en la vida de las personas y por eso ha quedado relegada a un segundo plano. ¿Por qué ha sucedido esto?
Significativamente, algunas de las organizaciones culturales de España que han ejercido alguna dosis de autocrítica coinciden en señalar que durante estos años han tenido lo que ellas llaman “un problema de comunicación”. Sin embargo, el problema diagnosticado tiene un origen anterior, estructural y mucho más profundo que un mero problema comunicativo, que sin duda también tienen.
Las organizaciones culturales españolas no han sabido contarle a la sociedad en qué manera sus acciones transforman la realidad de manera efectiva porque, en general, ni siquiera ellas mismas lo saben.
¿Cómo es posible comunicar los logros de los proyectos culturales cuando ni siquiera se han establecido unos mínimos parámetros que tener en cuenta a la hora de determinar en éxito o fracaso de las acciones? ¿Cómo es posible compartir la contribución de las organizaciones culturales a la sociedad si estas en su mayoría carecen de planes estratégicos, objetivos definidos e incluso una misión bien formulada?
En otras palabras, si las organizaciones no saben exactamente lo que quieren, ni cómo averiguar si lo han conseguido, ¿cómo pueden saber entonces si son realmente útiles a la sociedad?
La actividad cultural puesta en marcha sin objetivos ni más argumentos que el de que la cultura es “buena”, resulta insuficiente para promover y convencer sobre sus beneficios en la sociedad (Vid. ‘Advocacy Toolkits’ para defender, apoyar y promover el valor de la cultura). De esta manera, más que un problema de comunicación, lo que las organizaciones culturales españolas evidencian es una severa falta de evaluación que permita determinar cuáles son sus logros y aportaciones concretas a la sociedad y en qué medida sus acciones han sido capaces de transformar la realidad.
Puede que haya quien ponga en cuestión la base argumental de este artículo arguyendo que la cultura -a diferencia de otro tipo de actividades- es intangible, no se puede medir, no sé puede saber cuáles son sus efectos, no tiene utilidad o que su calidad es una cuestión subjetiva imposible de estandarizar.
Todos ellos y otros más son argumentos que a menudo se emplean para explicar (o justificar) que la cultura, por su naturaleza intrínseca, necesariamente ha de romper las costuras de cualquier posible evaluación.
Así pues, es preciso responder a la pregunta: ¿es posible evaluar la cultura?
Alcanzar el horizonte
En el célebre El libro de los abrazos, su autor, el escritor Eduardo Galeano, cita a su amigo Fernando Birri explicando cuál es en su opinión la utilidad de la utopía:
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que camine nunca la alcanzaré. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”
En un país como España, en el que muchas organizaciones culturales ni siquiera manejan datos sobre quiénes son sus usuarios, la evaluación de resultados se sitúa en ese horizonte definido por Birri, que se sabe que existe, pero que por diversas razones se les presenta inalcanzable.
Pero lo que quizás deberían tener en cuenta estas organizaciones es que, mientras que el horizonte puede parecer inalcanzable, no sucede lo mismo con lo que se sitúa en él. Para comprobarlo no hay más que caminar sin perder el foco de un elemento en horizonte.
La misión es ese elemento alcanzable que se sitúa en el horizonte de cada organización. Así pues, en el necesario esfuerzo por llegar hasta él, las organizaciones pueden hallar en la evaluación de resultados un elemento facilitador a la vez que una importante palanca interna de mejora.
Sólo durante el transitar de este necesario camino, las organizaciones más preparadas lograrán saber (y poder demostrar) que lo que hacen transforma la realidad de la manera deseada. Por tanto, las organizaciones culturales han de comenzar a creer que la cultura se puede evaluar (y se debe) si de verdad quieren alcanzar aquello que sitúan en su horizonte.
¿Se puede medir la cultura? Medir el desempeño de las organizaciones culturales es una tarea difícil. Evaluar su impacto, la transformación social efectiva que llevan a cabo, lo que cambian; es una tarea de extrema dificultad dada la tipología diversa de las organizaciones culturales y la amplísima diversidad de intangibles vinculados a la cultura. Además, cuando se trate de cultura, las soluciones y transformaciones nunca son fáciles ni en plazos cortos.
Tal como explicaba Marta Rey, profesora e investigadora de la Universidad de A Coruña, en el Primer Foro de Cultura y buenas prácticas en España, que se celebró en Madrid en marzo de 2014, “ni todo lo mensurable merece ser evaluado, ni todo lo que merece ser evaluado puede medirse”.
A este respecto defendió que la medición es buena si es útil, por eso hay que preguntarse para quién y para qué se mide: para mejorar (la organización) y para rendir cuentas (a grupos de interés). Además, Rey destacó que el desempeño de las organizaciones culturales es un factor multidimensional:
– Inputs: medios o recursos empleados
– Outputs: unidades de servicio, actividades, proyectos, alcance
– Outcomes: efectos directos sobre los usuarios: personas, organizaciones, entorno y sistemas e instituciones sociales; reputación, y apalancamiento
– Impacto sobre la misión: cumplimiento de la misión = eficacia, efectos de transformación social.
– Impacto sobre el bien público: efecto neto de todos los cambios
Para las organizaciones culturales españolas más reacias a creer que la cultura se puede (y se debe) evaluar, podría ser importante saber que entre las organizaciones sociales ya ha tenido lugar un intenso debate similar sobre la posibilidad y la conveniencia de evaluar una materia tan profundamente compleja e indeterminada como la que ellas trabajan: las personas.
Tras mostrar una importante resistencia a creer que lo que hacen se pudiera medir y evaluar; en su mayoría ya han superado esa fase y han pasado a preocuparse de cómo lo han de hacer.
En España, afortunadamente, la evaluación importa cada vez más, puesto que es la única forma de conocer el desempeño de las organizaciones: qué están haciendo y cómo hacen lo que hacen.
Así en junio de 2014 se celebró en la Fundación Botín de Madrid un taller específicamente dedicado a ayudar a las organizaciones sociales a definir indicadores de medición de impacto (¿Cómo diseñar unos buenos indicadores de medición de impacto?)
La cultura, un poco más retrasada en este sentido todavía está en la fase de asumir que, aunque sea difícil y todavía no se sepa muy bien cómo, la acción cultural se puede y se debe evaluar. Para saber cómo hacerlo, es imprescindible dejar de buscar excusas y echarse a andar.
Las organizaciones culturales españolas han de comenzar a recorrer, con convicción y consciencia, el camino de la evaluación hacia ese horizonte donde se sitúa su misión; pues la evaluación es necesariamente un proceso a medida y, como escribía el poeta Antonio Machado: “Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”.
Que la cultura es “buena” porque mejora la vida de las personas es una idea que, por sí sola, sin más, ya no es suficiente por muchas veces que sea repetida. Es preciso avanzar hacia la preparación de un discurso más elaborado para explicar, de manera manifiesta y aunque sea difícil, cómo se efectúa esta defendida mejora.
Las organizaciones culturales españolas deben conocer fehacientemente en qué modo sus acciones transforman la realidad. Han de medir sus resultados y evaluar su actividad (Vid. ¿Cómo medir los resultados de la cultura?). Sólo así serán capaces de demostrar la importancia de su trabajo, así como difundir el valor de la cultura en la sociedad.
Sólo de esta manera –con argumentos demostrables– los ciudadanos y ciudadanas dispondrán de evidencias con las que podrán reconocer, apreciar y defender la importancia de la cultura y de sus organizaciones.
Desbrozando el camino de la medición: el impacto económico
Puede que por reacción ante la crisis económica, en los últimos años se ha puesto de manifiesto un creciente interés por medir el impacto económico de la cultura. Un ejemplo de ello lo protagoniza el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium, que se sitúa como museo pionero en esta tarea.
En el documento Estudio sobre la incidencia económica del museo Artium de Vitoria-Gasteiz, realizado en el año 2005 en colaboración con la Universidad del País Vasco-EHU, el Museo Artium midió y mostró el impacto económico que su actividad supuso para la provincia de Álava, basándose en tres variables macroeconómicas: la producción, la renta y el empleo.
Se trató de una iniciativa precursora (y desafortunadamente puntual) que sería deseable que disfrutara de continuidad estratégica en la organización.
Pese a la falta de continuidad de esta iniciativa, otros museos han seguido su estela y evalúan su impacto económico de forma habitual. De esta manera, el Museo Guggenheim Bilbao efectúa su evaluación de impacto económico bajo el concepto de “triple resultado” (Three Botton Line, TBL o 3BL), un término que hace referencia al desempeño expresado en tres dimensiones: económica, ambiental y social. Desde esta triple perspectiva, ha presentado sus resultados económicos en 2014.
Entre los pioneros en ocuparse de la medición cuantitativa de la cultura en España destacan los investigadores del grupo MC2 Métodos Cuantitativos para la Medición de la Cultura, perteneciente a la Unidad de Investigación de la Economía de la Cultura de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia.
Constituido en 2007, este colectivo investiga metodologías de medición cuantitativa para la cultura con el triple objetivo de: “proporcionar técnicas y metodologías para realizar análisis de los sectores sociales y políticos vinculados al desarrollo; avanzar en la investigación, desarrollo e innovación en la economía, la sostenibilidad y la evaluación de las políticas públicas; y finalmente, transferir e implementar los conocimientos y las investigaciones desarrolladas a la sociedad en su conjunto”.
De entre sus ambiciosos proyectos hechos en colaboración con importantes organizaciones e instituciones, cabe destacar: Barómetro Cultural Local (Baculo). Sistema de indicadores para la evaluación de las políticas culturales locales “Orientar, Reflexionar y Mejorar”.
Este trabajo, presentado en 2011, tuvo por objetivo estratégico, “mejorar el conocimiento del estado de la cultura en el ámbito local y proceder a la evaluación de las políticas culturales locales” y como objetivo operativo, “la elaboración de un instrumento de análisis que haga posible la utilización de datos suministrados por los gobiernos locales”
El proyecto Baculo se planteó como desarrollo práctico de la Guía para la evaluación de las políticas culturales locales. Sistema de indicadores para la evaluación de las políticas culturales locales en el marco de la Agenda 21 de la cultura, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y publicada en 2009.
Este instrumento de análisis técnico elaborado por el Grupo Técnico en materia de sistemas de información cultural, evaluación e indicadores. Comisión de Cultura de la FEMP, se basó a su vez en la Agenda 21 de la cultura y constituyó un importante esfuerzo para crear una herramienta de planificación y evaluación de políticas culturales -validada científicamente- para quienes diseñan y gestionan políticas culturales desde la administración pública local.
No hay que olvidar que, en lo tocante a la medición de impacto de la cultura, lo local tiene una importancia decisiva, pues tal como señala David Ruiz en Indicadores culturales, análisis cuantitativos y políticas culturales, el concepto de territorio es muy importante ya que “la cultura tiene lugar en él, no podemos analizarla sin atender a su suelo”.
Además de una reflexión teórica sobre los asuntos más relevantes en materia cultural, la guía de la FEMP incluyó 316 indicadores -cualitativos y cuantitativos- a partir de los cuales evaluar y planificar políticas culturales desde diversos ámbitos de actuación: cultura y desarrollo económico, social, territorial; transversalidad de las políticas culturales; cultura y participación ciudadana; accesibilidad de la oferta cultural, y memoria e innovación en la construcción de la identidad local.
Asimismo, hay que destacar el nada desdeñable esfuerzo del Gobierno de España por recolectar, sistematizar y compartir datos a través de las estadísticas de cultura, cuyo Anuario de Estadísticas Culturales se publica desde el año 2005 y entre cuyos proyectos se encuentra la Cuenta Satélite de la Cultura en España, un proyecto que tiene por finalidad “analizar la cultura como medio de generación de riqueza de la forma más rigurosa posible, evaluando su aportación directa al PIB español utilizando para ello como fuente básica la Contabilidad Nacional de España” y cuyos últimos datos datan de 2012.
El valor social de la cultura
Hay que tener en cuenta que el impacto de la cultura no es solo económico, por lo que dejar de medir otras dimensiones de la cultura reduce la visión sobre su capacidad potencial de transformación y la instrumentaliza en función de las circunstancias e intereses del mercado.
Anteriormente a las iniciativas mencionadas, el interés investigador en España por la medición de impacto en cultura se remonta a los primeros años del siglo XXI. Ya en 2004 el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural (Vid. La escondida falacia de la cultura 2.0) editaba un Boletín Gestión Cultural dedicado a Indicadores y estadísticas culturales en el cual Lluís Bonet reflexionaba sobre las estadísticas y los indicadores culturales advirtiendo ya entonces de la amenaza que para la diversidad y pluralidad propias de la cultura suponía “la homogenización creciente de los mercados culturales”.
En la actualidad, la medición de impacto de la cultura cuenta con un protagonista fundamental en España: Cultumetría, un encuentro dedicado de forma integral analizar y debatir la medición de impacto de la cultura.
Tras celebrar recientemente su segunda edición en Bilbao su foco parece estar ampliándose, de lo estrictamente económico en lo que empezó, a una visión más amplia que abarca lo social y que, sin duda, ha de ser su línea estratégica de futuro.
No obstante, no todas las iniciativas impulsadas sobre este asunto han llegado a buen puerto. Durante estos últimos meses la Asociación Española de Fundaciones ha trabajado internamente en consensuar unos indicadores de medición específicos para fundaciones culturales, sin resultados hasta la fecha. Se trata de una iniciativa imprescindible para el sector que sería interesante reactivar, tal vez en colaboración con otras organizaciones o iniciativas.
Pese a todo, parece claro es que el panorama de la medición de impacto de la cultura muestra en España una importante base que es necesario desarrollar, definiendo metodologías específicas que se adapten a la naturaleza diversa, poliédrica, social y ampliamente intangible de la cultura, e incorporando en las organizaciones prácticas estandarizadas de medición y evaluación.
Ésta es, sin duda, una forma para que los argumentos en defensa de la cultura adquieran el peso discursivo en la escena social, económica y política que la cultura se merece.
En un momento como el presente en el que la economía parece ser la única perspectiva posible, es necesario hablar de lo que hace que la cultura sea esencial en la vida de las personas, lo que hace que, sin cultura, el único futuro posible sea la barbarie.
¿Por qué ha de importar la cultura? Esta es la pregunta a la que urge dar respuesta en España, de forma explícita y contundente, y que otros países ya se han aventurado a abordar.
Durante los últimos años el Reino Unido se ha esforzado en encontrar argumentos que respondan a esta cuestión, como por ejemplo, la campaña de sensibilización Culture Matterspromovida por el Arts Council England.
Y mientras que en la actualidad dicho país reflexiona sobre los resultados de 50 años de políticas culturales de cara a qué estrategia seguir para las futuras generaciones, España parece atrapada en una reiterativa réplica de eslóganes que, no por certeros, son incapaces de resolver los problemas de la cultura ni sensibilizar eficientemente sobre su importancia capital en la sociedad.
Frases como “la cultura no es un lujo” o “sin cultura no hay futuro ni dignidad”, se han podido leer entre las numerosas pancartas que en España se han manifestado en contra de la subida del “IVA cultural” o de los recortes presupuestarios en cultura. No obstante, tras el paso del tiempo poco parece haber quedado de todo aquello, excepto una inanición del sector profusamente diagnosticada y una sensación general de derrota y “sálvese quien pueda”. Pero a pesar de sus exiguos resultados, ¿qué se puede aprender de esta experiencia?
Acercar el valor de la cultura
España es un país en el que la protesta parece contar con más apoyo y predicamento que la transformación social efectiva, y en esto la cultura no se ha comportado de manera distinta.
Sin embargo, en países como el Reino Unido o Estados Unidos es habitual encontrar que las organizaciones culturales invierten importantes recursos en promover y practicar lo que en inglés se llama advocacy.
Advocacy, un término de difícil traducción en español en una única palabra, significa “el acto o proceso de escribir, hablar o actuar en favor o apoyo de una causa” y constituye el verdadero motor social de las organizaciones culturales de otros países.
¿Y las organizaciones españolas?, ¿qué labores específicas de apoyo, defensa y difusión de la cultura están desempeñando? Podría decirse que pocas o, cuando menos, poco útiles.
Este proyecto, impulsado por distintas asociaciones del sector de las artes visuales “gravemente preocupadas por el deterioro del contexto institucional y social para el arte actual” promovió en 2012 un Manifiesto por la cultura en España.
Su última actividad data de ese mismo año. Y es que, como señala David Marquez Martín de la Leona en El crepúsculo de los lobbies, “el modelo de las asociaciones profesionales como articuladoras e interlocutoras de los sectores de la cultura, parece estar viendo ciertos agotamientos y cuando menos, graves disfuncionalidades”
Otro ejemplo similar lo constituye la Plataforma en Defensa de la Cultura, que pareció haber fagocitado la iniciativa anterior y otras tantas similares y que ha gozado de una importante actividad durante los últimos meses.
También con un Manifiesto propio que data de 2014, este conglomerado de organizaciones celebró en marzo de 2015 un Congreso en defensa de la Cultura. Esta jornada de denuncia vino acertadamente precedida por una batería de debates de enfoque sectorial caracterizados, sin embargo, por una profusa yuxtaposición de monólogos que lamentablemente se limitaron a diagnosticar (una vez más) la mala situación del sector y a “predicar a los conversos”.
Por si fuera poco, este congreso coincidió en tiempo con otro de objetivos similares: la II Conferencia Estatal de la Cultura, promovida por la Federación Española de Asociaciones de Gestores Culturales (Feagc).
Este solapamiento entre iniciativas con similar espíritu ejemplifica la manifiesta falta de diálogo efectivo entre los distintos agentes de la cultura en España. La notoria atomización de los profesionales de la cultura mina, indudablemente, las escasas fuerzas de un sector productivo que, pese a ser muy potente, paradójicamente cuenta con insuficiente reconocimiento social y escaso sentimiento de afiliación por parte de los ciudadanos.
Pese a la sucesión de eventos de mera catarsis colectiva, es necesario señalar que la II Conferencia Estatal de la Cultura generó un importante recurso: el Pacto por la Cultura 2015.
Este documento destaca la importancia capital de la cultura -especialmente en un escenario de incertidumbre social, cultural, política y económica como el que España está experimentando en los últimos años- y propone medidas bien orientadas y relativamente concretas que, lógicamente, necesitan del compromiso de los demás para ser efectivas.
Pero este es precisamente uno de los mayores problemas que ha de afrontar la cultura en España: la falta de implicación por parte de sus grupos de interés (profesionales, ciudadanos, administración pública, empresas y organizaciones) (vid. Algunas preguntas sobre mercado, políticas, gobernanza y participación en la cultura). ¿Qué se puede hacer para que la cultura goce del apoyo general de la sociedad? ¿Qué se puede hacer para que el advocacy cultural se practique más y de forma más eficiente en España?
Proporcionando herramientas a los grupos de interés
A diferencia de España, en otros países las causas culturales están en manos de los ciudadanos, que sienten la cultura como suya. Son ellos y ellas quienes se encargan de defenderla, apoyarla y difundirla. Por eso, con este escenario (todavía en construcción en España) son muchas las organizaciones culturales de dichos países que diseñan y comparten instrumentos específicos de apoyo a sus causas, dirigidos y adaptados a los distintos grupos de interés.
Estos instrumentos tienen el nombre de Advocacy toolkits (“caja de herramientas de promoción”) y están diseñados para ayudar a los defensores de una causa a ejercer su labor de forma más eficiente.
Los Advocacy toolkits describen lo que la organización piensa sobre la forma en la que se ha de defender, apoyar y difundir su causa, a la vez que ayudan a los colaboradores de la organización y a otras instituciones a involucrarse más y mejor en el trabajo de promoción de la misma.
Con este fin incluyen herramientas y manuales que cimentan la capacidad de sus grupos de interés para promover su causa, además de evaluaciones con las que determinar la capacidad institucional para la ejercer estas labores de promoción.
También suelen contener manuales para el análisis y cartografiado de políticas, o directrices para la planificación de actividades de advocacy. La idea es que los materiales que se incluyan estén basados en datos, estén bien organizados y sean de fácil comprensión.
Un ejemplo significativo es el advocacy toolkit #culturematters elaborado por el Arts Council England y mencionado anteriormente. Esta “caja de herramientas” se ha diseñado para ayudar a llegar a los demás y “contarles el valor y el impacto de la inversión pública en las artes y la cultura, tanto desde una perspectiva local como nacional”.
En él se incluye un vídeo de tres minutos y medio en el que Sir Peter Bazalgette, presidente y patrono del Arts Council England, defiende que es importante contar por qué las artes y la cultura son beneficiosas y cómo contribuyen a la sociedad; y explica además cómo hay que hacerlo.
Sir Bazalgette anima a las organizaciones a construir su caso (su propio relato de cómo su trabajo contribuye de forma positiva a la sociedad) y a hacer que todos lo entiendan y actúen como embajadores del trabajo que desde la organización se hace.Recomienda que las organizaciones trabajen en la difusión y promoción de estos relatos allá donde realicen una actividad y también a que hagan lobby estableciendo relaciones con los políticos y líderes de opinión locales ya que es importante señalar que esta campaña se orienta a las elecciones generales del Reino Unido, que se celebrarán en mayo de 2015, y tras las cuales los presupuestos serán revisados.Desde el Arts Council entienden que es necesario que quienes vayan a ser responsables de los próximos presupuestos, han de afrontar esta tarea siendo plenamente conscientes del valor de la cultura y las artes en la sociedad británica y de que por eso han de invertir en ella.Además de un vídeo, se incluyen ejemplos inspiradores de cómo otros han demostrado el valor de su trabajo, además de un práctico manual de cuatro páginas que guía a cualquier persona en el trabajo de hacer promoción de la causa (la inversión pública en cultura).De entre los materiales incluidos en este toolkit, quizás el más destacado sea lo que se ha llamado Holistic Case, consistente un argumentario global con mensajes clave sobre “cómo pensar y describir los beneficios de la cultura y el arte -su valor cultural; cómo contribuye a una sociedad floreciente, a la educación y a la economía- y cómo estos beneficios son interdependientes”.Este argumentario se articula en torno a cuatro puntos: el valor cultural, la sociedad, la educación y la economía; y viene acompañado de una pequeña guía sobre cómo una organización puede elaborar su caso, para lo cual distingue entre tres posibles interlocutores destinatarios del caso: el público; los gobiernos locales y nacionales; y los medios de comunicación.
El informe viene también acompañado por atractivos gráficos y didácticas visualizaciones de datos, todos descargables de la página web y de fácil difusión en redes sociales.
Otra organización destacada en la defensa, el apoyo y la promoción de la cultura es la estadounidense Americans for the Arts, que cuenta en su web con una sección -la primera de todas- enteramente dedicada al advocacy. Lo primero que se encuentra el usuario al visitarla es una referencia al Arts Advocacy Day, cuya última edición se celebró el pasado marzo y que se convoca anualmente desde hace más de una década.
Además, esta sección incluye un apartado de noticias, además de otros sobre legislación, y sobre hechos y cifras. También incluye una herramienta en la que en tan solo dos minutos cualquier persona puede hacerle llegar al Congreso su apoyo a las artes y a la educación artística y, cómo no, un completo Advocacy toolkit para individuos y otro para organizaciones.
Son muchas las organizaciones culturales de países como Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda o Australia; que están compartiendo estos instrumentos diseñados para que terceros -la sociedad en general- pueda apoyar sus causas.
Esta es probablemente la mejor vía para estar legitimado y capacitado para transformar la realidad. Así fue posible que, por ejemplo, un grupo de artistas, residentes, empresarios y líderes comunitarios de la isla de Bainbridge en el Estado de Washington, EEUU, fueran capaces de construir un museo desde cero para mostrar el arte de su región y de su tiempo.
Para promover su visión, sensibilizar y recabar apoyos; este grupo de personas puso en marcha el proyecto The Conversation of Art en el que la comunidad de la zona reflexionaba y daba respuestas a preguntas, tan difíciles y relevantes como: Why does art matter to you? (¿Por qué te importa el arte?) El Bainbridge Island Museum of Art finalmente abrió sus puertas en 2013 y representa un magnífico ejemplo de cómo una comunidad de personas afines a las artes ha sido capaz de construir un museo involucrando a la sociedad en ello mediante el advocacy. The Conversation of Art ha recibido un premio a la excelencia en 2014, concedido por la Washington Museum Association.
Es necesario que la sociedad española participe como protagonista en la promoción de la cultura. Los hechos demuestran que, hasta la fecha, las acciones desarrolladas hasta el momento han dado pocos frutos y muy volátiles.
Por eso es necesario implicar a los ciudadanos para convertirlos en embajadores de lo cultural. Sólo de esta manera será posible disfrutar de una cultura fuerte, autónoma y sostenible en España.
Tanto las organizaciones profesionales como quienes ya están convencidos del valor de la cultura para la sociedad, han de ponerse manos a la obra en la tarea de facilitar a terceros esta labor, articulando casos de las propias causas y creando instrumentos que los apoyen con los que poder ayudar a quienes mejor pueden promover su valor: los ciudadanos.
La financiación de la cultura en España está en mínimos. A las administraciones públicas recortando sus presupuestos se han unido las organizaciones privadas que prefieren invertir, si acaso, en otras áreas distintas de la cultura, con mayor impacto social y típicamente incluidas en la responsabilidad social corporativa, como son la salud o el medio ambiente.
No ha de extrañar pues que infinidad de organizaciones y proyectos culturales, especialmente los más débiles y minoritarios, hayan entonado en los últimos años agónicas llamadas de socorro o, incluso, desaparecido.
Paralelamente a esta radical caída en la financiación de la cultura, ha surgido un fenómeno inversamente proporcional: la abundancia de diagnósticos de la situación (con calidad y fiabilidad desigual) unida a la creciente organización de congresos y conferencias dedicados a la situación financiera del sector.
Pero mientras que estos eventos suelen poner de manifiesto la urgencia por encontrar soluciones, quienes asisten a ellos raramente salen con la sensación de haber presenciado un intercambio argumentado de ideas, con conclusiones o recomendaciones que se puedan aplicar de forma concreta. Y es que la constatación de lo obvio y la acumulación de diagnósticos sin soluciones aparejadas, parecen ser el común y único hilo conductor.
Por si fuera poco, la inminencia electoral promete una efervescencia todavía mayor de artificios teóricos que a la hora de enfrentar el día a día resultan bastante estériles.
Parte del problema es que España es un país poco acostumbrado a intercambiar ideas. Cabe reconocer que culturalmente está muy lejos del “freedom of speech” anglosajón. Mientras que los adolescentes británicos se entrenan en la argumentación y ejercitan su capacidad de análisis del arte en el espléndido concurso escolar ARTiculation Prize, asegurando con ello futuros públicos y profesionales de enorme calidad crítica para las organizaciones culturales de su país; en España todavía se está tratando de encontrar la piedra filosofal para la integración del arte en la educación formal.
Pero pese a la falta de “cultura de debate”, el principal problema que afecta a las soluciones sobre la financiación de la cultura en España es que su tratamiento sigue planteándose en términos casi exclusivamente economicistas. Esto conduce a la recurrente conclusión de que, para que haya cultura, hace falta dinero, el cual aflorará (supuestamente) cuando exista una Ley de Mecenazgo.
Pero al margen de incentivos fiscales, la cuestión relevante a priori es qué modelo es necesario promover para que la cultura pueda disponer, de manera sostenible, de la necesaria financiación.
Una cultura sostenible no significa una cultura “autofinanciada” por el mercado
En estos extraordinarios tiempos en los que la sostenibilidad económica de la cultura se está planteando en términos de autofinanciación, parece inevitable recordar que la cultura pública ha de ser, necesariamente, deficitaria. En otras palabras: está diseñada para perder dinero, un dinero que el Estado recibe de los ciudadanos y reinvierte en su beneficio.
Si, por ejemplo, el Teatro Real cobrara por butaca lo que en realidad le cuesta la producción de una ópera, se estaría hablando de entradas que aproximadamente multiplicarían por 20 su actual venta al público. Parece pues claro que una política de precios reales sería inasumible, además de opuesta al deber constitucional que el Estado tiene de garantizar el acceso a la cultura a los ciudadanos.
Otra cuestión es que el déficit estructural propio de las actuaciones públicas degenere en la irracionalidad e insostenibilidad del propio sistema, situación a la que al parecer se ha llegado por una combinación de excesos y desinterés. Por eso, es tiempo de pensar un modelo de financiación de la cultura, sostenible, y distinto del que entiende que se ha de autofinanciar por la vía única del mercado.
Las exigencias de los votantes responsables han de ser los compromisos de los programas políticos
La cultura no es un negocio, sino un horizonte hacia el que caminar que ha de estar presente siempre en la gestión de los bienes, sin duda finitos, con los que cuenta lo público. Entonces, ¿qué se puede hacer si, efectivamente, el dinero para la cultura es escaso y finito? En este tiempo de campañas electorales, profuso en palabras y promesas, es necesario incorporar el debate de las políticas culturales a la arena electoral. Es responsabilidad de los ciudadanos que así sea.
Mientas que muchos defienden que la precaria situación actual de la cultura se debe a los recortes gubernamentales sobre los presupuestos de cultura, otros creen que se trata de un problema que, incluyendo eso, tiene más largo recorrido y se alimenta de la falta de reconocimiento y valoración que la cultura tiene en la sociedad. Lo que no se valora, no se apoya, y consecuentemente no se protege.
Así pues, parece claro que es necesario impulsar medidas que pongan en valor la aportación de la cultura a la sociedad y la confianza en sus instituciones, para que precisamente sea la sociedad, sus ciudadanos, quienes la apoyen y velen por su protección. No hay mayor fuerza política que esa.
Lejos de requerir grandes reformas para su implantación, las dos propuestas que a continuación se proponen sólo necesitan ser incluidas como condición dentro de las convocatorias ya existentes de ayudas y subvenciones para la cultura. Pese a que por sí mismas puedan resultar insuficientes, sí son absolutamente imprescindibles para devolver la confianza de los ciudadanos en la cultura y sus instituciones.
1. Apoye el verdadero éxito en cultura: el cumplimiento de la misión
La crisis económica parece haber difuminado el foco sobre cuál es el verdadero éxito de las organizaciones culturales, que lejos de la rentabilidad económica, no es otro que el cumplimiento de su misión. La misión es la razón por la que las instituciones existen, por la cual trabajan y por la que reciben el apoyo de los ciudadanos a través de sus impuestos y de otras organizaciones.
Resulta pues lógico que estos grupos de interés quieran conocer los resultados de la actividad que realizan las organizaciones culturales. Pero ¿cómo se puede saber si las organizaciones culturales están cumpliendo con su misión? Mediante la medición de impacto y la rendición de cuentas.
La cuestión de fondo es que muchas organizaciones no tienen claramente formulada su misión por lo que, consecuentemente, muy difícilmente podrán conocer y transmitir cuáles son sus resultados. Y es que la cuenta de resultados de una organización cultural se ha de medir en base a indicadores sobre el cumplimiento de su misión, no sobre sus ganancias económicas o con una simple enumeración de actividades.
Así pues, quienes apoyan a la cultura con su dinero (que en lo público son todos los ciudadanos), deberían exigir a las organizaciones culturales -como condición inexorable a recibir donaciones privadas y ayudas públicas- una preceptiva rendición de cuentas que explique la forma en la que se gestiona y se gobierna cada proyecto cultural, que presente cómo se va a medir el impacto de su proyecto y que posteriormente explique cuáles han sido sus resultados y si estos, efectivamente, han contribuido al desarrollo de la misión.
Eso es, exactamente, el éxito de un proyecto cultural y esa debería ser la condición para un sistema sostenible de apoyo económico. Pero, ¿por qué “sostenible”? Porque genera confianza y por tanto, apoyo social (y económico) hacia la cultura.
En realidad no hay por qué inventar demasiado, sino prestar atención a modelos y propuestas ya existentes tanto en otros países, como en España. Por ejemplo, la Fundación Autor establece en su Manual de buenas prácticas en materia de ayudas a colectivos, asociaciones de autores o grupos profesionales:
“…se aconseja que los responsables hagan un esfuerzo encaminado a abrir un proceso transparente y accesible a todos los colectivos. Se deberían establecer condiciones de acceso a las ayudas y a la correspondiente adjudicación, basarse en programas de acciones medibles y cuantificables en su realización. Se aconseja también establecer mecanismos de supervisión y verificación de gastos, se recomienda que estas acciones sean asumidas por comisiones independientes”.
“Se sugiere una cláusula que exija la devolución de las subvenciones en el caso de no realización, total o parcial, de los proyectos, lo que significa que es necesario el seguimiento efectivo del destino de las ayudas”.
A esta propuesta genérica se podría añadir la condición para las organizaciones receptoras de ayudas, de elaborar un informe que incluya una adecuada evaluación de desempeño basado en indicadores claros y estandarizados en las buenas prácticas en gestión. ¿Por qué si no habría que, por ejemplo, conceder beneficios fiscales a las fundaciones culturales? Estos beneficios, que ya se están aplicando sin necesidad de una Ley de Mecenazgo, se justifican en la base de que las fundaciones son organizaciones que ejercen un bien social. La medida que se propone sólo pide probar que estos retornos se están produciendo de forma efectiva.
2. Promueva los incentivos sociales (además de los fiscales)
Lo decía Donald Sassoon, profesor de historia comparada de la Universidad de Londres, sobre lo que es cardinal para la cultura: “Es mucho más importante el tiempo para disfrutarla, que el dinero”. Por eso, los incentivos para hacer que la cultura sea sostenible deberían ir encaminados hacia lo social, y no sólo hacia lo fiscal que, según opinan expertos como el propio Sassoon, no es garantía de una suficiente financiación de la cultura ni de su estabilidad, diversidad y sostenibilidad.
Sassoon defiende que lo que se debe patrocinar no son las artes, sino el disfrute de las artes. Por eso, se debería comenzar a considerar al usuario, espectador o público cultural como el verdadero protagonista de las políticas de financiación de la cultura y no sólo a sus profesionales como ha venido siendo hasta ahora.
Así pues, la diversidad efectiva de públicos y manifestaciones culturales ha de ser un indicador a la hora de promocionar políticas y medir resultados si se quiere mantener un sistema de la cultura sostenible.
Por esta razón, es imprescindible que la administración pública ejerza su papel como agente compensatorio y activo de la cultura, puesto que la intervención única del mercado anularía, como ya está pasando, todas las expresiones minoritarias y de menor impacto mediático.
¿Cómo fomentar políticas culturales de incentivos sociales? Una posibilidad es, sin duda, rebajando el llamado “IVA cultural”, pero no es la única vía.
Es posible aplicar medidas como el establecimiento de bonos culturales, como los que ya se impulsan desde el Gobierno de Extremadura para favorecer el acceso a la cultura de los jóvenes o la Bizkaiko Kultur Txartela, una iniciativa del Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia dirigido a incentivar el consumo de productos culturales en sus múltiples soportes.
Sin embargo, existen otras posibilidades vinculadas a otros aspectos sociales distintos del simple precio de venta al público, como por ejemplo, la promoción de horarios diversos que favorezcan la conciliación de la vida personal y profesional o la incorporación de Consejos de Cultura -vinculantes- a los órganos de gobierno de las administraciones.
Además de las expuestas, las medidas concretas a implantar para favorecer el establecimiento de un sistema sostenible para la cultura pueden ser muchas más. Ahora, lo que es crucial es que los ciudadanos las reclamen.
Parece comúnmente aceptado que la cultura es un bien común, un bien tanto en el sentido patrimonial como en el moral, un recurso y un medio que pertenece y beneficia a todos. Sin embargo, y pese a lo extendido de esta idea, resulta muy difícil detallar la forma en la que dichos beneficios se concretan.
La Declaración de México sobre las Políticas Culturales de la Unesco (Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales Mondiacult, México, 1982), convino que, en su sentido más amplio, la cultura puede ser considerada como:
“…el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.
Pero lejos de limitarse a definir un simple marco de contenidos, la Declaración de México se adentra a explicar cómo la cultura afecta a las personas y cuáles son los beneficios que les aporta:
“La cultura da a las personas la capacidad de reflexionar sobre sí mismas. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella las personas se expresan, toman conciencia de sí mismas, se reconocen como un proyecto inacabado, ponen en cuestión sus propias realizaciones, buscan incansablemente nuevas significaciones y crean obras que las trascienden”.
Sin embargo, los últimos años de crisis económica han reducido el debate sobre las aportaciones de la cultura a una mera visión economicista. Esta circunstancia ha limitado considerablemente las posibilidades de que la cultura pueda ser valorada en toda su dimensión, puesto que una gran parte de sus beneficios se sitúan al margen de lo económico.
La consecuencia ha sido la paulatina pero profunda desafección hacia la cultura, que incluso ha pasado a ser percibida por muchos como un lastre prescindible para las arcas públicas. Pese a que esto ha llevado a sus profesionales a salir a las calles enarbolando el lema La cultura no es lujo, es oportuno admitir que se ha hecho sin ahondar en las evidencias y detalles de cómo la cultura aporta beneficios esenciales a la sociedad.
Esta carencia argumental del debate público contrasta con las tendencias globales en políticas culturales, que como en el caso de la Agenda 21 de la Cultura impulsada desde hace ya más de una década por la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (UCLG), dotan de argumentos la reivindicación que la cultura sea reconocida por las Naciones Unidas como “el cuarto pilar del desarrollo sostenible” (que se sumaría a los ya reconocidos de: crecimiento económico, inclusión social y equilibrio medioambiental).
Si los ciudadanos no conocen de manera fehaciente cómo la cultura articula sus beneficios, no podrán valorarla en su justo papel ni, consecuentemente, se sentirán llamados a protegerla y desarrollarla. Para determinar en qué medida un proyecto cultural logra sus objetivos es necesario efectuar una medición de impacto, que pondrá de manifiesto los efectos de una iniciativa en un determinado contexto, poniendo en relación sus metas con los recursos que le han sido asignados.
Colombia, diseñando una cultura de impacto
Mientras que la cultura española parece ensimismada en sus dificultades económicas y mira con reconocida envidia a determinados países europeos, a Estados Unidos y a Canadá como referentes en políticas culturales; América Latina avanza con paso firme en la reflexión sobre la medición de impacto cultural y la consideración de la cultura como eje fundamental para el desarrollo sostenible.
De entre todos los países allí reunidos, Colombia destaca por su particular interés en la medición de impacto de la cultura. Llama la atención que, por ejemplo, el Banco de la República haya promovido una colección de publicaciones (Borradores de Gestión Cultural) que buscan divulgar las investigaciones, mediciones y análisis sobre gestión cultural y cuyo primer libro está dedicado precisamente a la medición de impacto en cultura: Índices de impacto cultural. Antecedentes, metodología y resultados.
Las “experiencias significativas” son definidas como: “conjuntos de acciones que responden de manera creativa, innovadora y satisfactoria a una problemática concreta, por lo cual pueden convertirse en ejemplo o referente para otras entidades u organizaciones en contextos similares o diferentes”. El Banco es una herramienta de gestión del conocimiento que permite “identificar, reconocer, valorar y difundir estas prácticas significativas y tenerlas como referencia y guía para fortalecer las iniciativas y los proyectos culturales en el país”.
Una de sus aportaciones más importantes es, precisamente, su interés por retener y transferir el conocimiento, uno de los aspectos usualmente más complicados en las experiencias sobre cultura y desarrollo ya que, a excepción de los grandes proyectos impulsados desde las administraciones, el panorama de lo cultural se caracteriza por su extrema fluctuación.
Así pues, el BESC trata de dar respuesta a la pregunta “¿cómo aprender de lo que otros han hecho?”, capitalizando experiencias de proyectos apoyados por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Impulsada desde la Dirección de Fomento Regional, esta convocatoria anual ofrece apoyo a proyectos culturales de interés público que desarrollen procesos artísticos o culturales y que contribuyan a brindar espacios de encuentro y convivencia en sus comunidades. Los proyectos participantes han de trabajar alguna de las siguientes líneas temáticas: diversidad cultural, participación ciudadana, fortalecimiento institucional, y patrimonio y memoria.
De entre los más de 1600 proyectos presentados durante el año 2014, el BESC efectuó una preselección de 88, que fueron evaluados por un equipo de la Universidad Pedagógica en base a cinco criterios (Innovación y creatividad, participación, efectividad e impacto, sostenibilidad y pertinencia y coherencia) con veinte indicadores debidamente ponderados. Finalmente, el BESC ha reunido para su primera fase un total de 45 “experiencias significativas”, que se articulan en base a los cinco criterios definidos.
Muchos de estos criterios coinciden con los definidos por la Agenda 21 de la Cultura sobre buenas prácticas en materia de cultura local y desarrollo sostenible. No en vano, esta agenda ha atesorado más de diez años de prácticas y experiencias específicas en una base de datos que también reúne proyectos de manera similar a como ahora se presenta el BESC. Lejos de que esta coincidencia pueda parecer poco innovadora es, sin embargo, muestra de que el BESC nace muy bien enfocado a la efectividad haciendo un pertinente uso del conocimiento existente adquirido en materia de cultura y desarrollo.
La web de este proyecto, todavía en fase de desarrollo, se ha realizado en colaboración con el Centro de producción audiovisual Atico de la Pontifica Universidad Javeriana, en lo que supone un acierto estratégico al poner en valor también el conocimiento y el talento universitario del país. Incluye un completo buscador que filtra los contenidos a partir de numerosas y relevantes variables. Sus resultados se muestran geolocalizados en un mapa interactivo del país que va mucho más allá de los habituales mapas de recursos culturales y que incluye una gran variedad y riqueza de contenidos, muy bien sistematizados y usable.
En definitiva, el BESC muestra una Colombia en el camino apropiado para conocer la eficiencia de sus proyectos culturales y estar preparada, si acaso, para reorientar su actividad.
Por si esto fuera poco, su interés en la medición de impacto cultural asegura el gasto eficiente de recursos y potencia su sostenibilidad. No sólo el gasto será más eficaz, sino que además se potencia la inversión pública y privada, ya que los proyectos culturales están en situación de poder justificar resultados a la vez que sus financiadores disponen de argumentos objetivos, contrastados y de calidad para poder invertir en tales proyectos.
Mientras que la actividad cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación suele ser siempre tenida en cuenta cuando se informa sobre los presupuestos estatales para la cultura, no lo es tanto la gestionada por el Ministerio de la Presidencia, que dedica ni más ni menos que 126.203.580 euros (el total del presupuesto del Programa 
